Las comunidades de propietarios tienen un papel crucial en la regulación de los pisos turísticos.
El número de pisos turísticos en Bilbao sigue creciendo de manera exponencial, a pesar de la incertidumbre generada por la nueva normativa que está preparando el Ayuntamiento para limitar su expansión. De hecho, este contexto ha impulsado un aumento en las solicitudes de licencia, ya que muchos propietarios buscan asegurar su posición antes de que entren en vigor las restricciones.
La demanda de licencias ha aumentado notablemente. De 968 viviendas registradas en mayo, ahora hay 1.027, lo que representa un incremento del 5,74%.
Una normativa para restringir su expansión
El Ayuntamiento de Bilbao anunció en mayo su intención de modificar el PGOU para restringir aún más la proliferación de estos alojamientos. La normativa inicial, implementada en 2017, permitía que los pisos turísticos se establecieran únicamente en primeras plantas y limitaba su número en comunidades a una por edificio. A medida que estos alojamientos han crecido en número, el Consistorio ha decidido adoptar medidas más severas. El alcalde Juan Mari Aburto ha indicado que buscan equiparar las restricciones de las habitaciones turísticas a las de las viviendas convencionales.
No solo Bilbao está considerando nuevas regulaciones. Otros municipios de Bizkaia, como Mundaka, Lekeitio, Getxo y Sopela, también están promoviendo limitaciones debido al elevado número de pisos turísticos.
La incertidumbre en torno a las nuevas normativas genera preocupación entre los propietarios, especialmente respecto a si las ordenanzas se aplicarán retroactivamente. En Getxo, por ejemplo, las modificaciones recientes solo permiten el alquiler de viviendas turísticas con acceso independiente. Sin embargo, no se especifica qué sucederá con los pisos ya registrados.
La comunidad de propietarios: la última palabra
Las comunidades de propietarios tienen un papel crucial en la regulación de los pisos turísticos. Según la Ley de Propiedad Horizontal, se necesita el 60% de los votos para aprobar restricciones, lo que representa un desafío para muchas comunidades. Además, cambiar los estatutos implica costos notariales que muchas comunidades prefieren evitar.
A pesar de la oposición de muchos vecinos, a menudo optan por no implementar prohibiciones debido a los costos asociados. «No basta con que haya un acta de oposición; debe estar registrada en la propiedad para que sea válida», aclara Vildósola. Esta falta de acción contribuye al crecimiento continuado de los alojamientos turísticos en la ciudad.
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Fuente: Deia.eus
