Desde que se aprobó la suspensión cautelar en 2024, el número de alojamientos turísticos no solo ha dejado de crecer, sino que incluso se ha reducido.
La vivienda en Bilbao de uso turístico vuelve a estar en el centro del debate. El Ayuntamiento ha endurecido las condiciones para la concesión de licencias de pisos turísticos, con el objetivo de frenar su expansión en las zonas más saturadas y garantizar que la residencia habitual de los vecinos siga siendo prioritaria.
Durante este 2025, apenas ocho viviendas turísticas han obtenido luz verde en toda la ciudad. Una cifra mínima que demuestra el cambio de rumbo.
Zonas saturadas: el blindaje de los barrios más tensionados
Casco Viejo, Bilbao La Vieja, Indautxu, Abando, Matiko u Olabeaga son barrios donde el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) ha puesto el foco. En estas áreas, para que un piso pueda destinarse al turismo debe tener un acceso independiente, sin compartir portal con los vecinos.
Esto limita en gran medida la implantación de nuevas licencias, frenando la gentrificación y preservando el carácter residencial de los barrios más icónicos de la ciudad.
Desde que se aprobó la suspensión cautelar en 2024, el número de alojamientos turísticos no solo ha dejado de crecer, sino que incluso se ha reducido: de 1.076 viviendas turísticas registradas se ha pasado a 1.059.
A ello se suman otras trabas legales:
- Aprobación de las 3/5 partes de los vecinos para iniciar la actividad.
- Inscripción obligatoria en el Registro de la Propiedad.
- Sanciones para los que operan al margen de la normativa.
Una ciudad tensionada, pero no rendida
Bilbao ha sido declarada zona residencial tensionada, lo que refleja la dificultad de acceso a la vivienda. No obstante, las autoridades locales insisten en que el problema no se debe únicamente a los pisos turísticos, que en Bilbao apenas suponen un 0,7% del parque residencial.
Aun así, la batalla legal continuará. Se esperan recursos judiciales contra la normativa, pero el Ayuntamiento asegura que está preparando un marco sólido para evitar que el futuro de la ciudad quede en manos de sentencias externas.
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Fuente: Deia.eus
