El juez analiza ahora este cruce de expedientes para esclarecer si se cometieron delitos de destrucción de patrimonio y prevaricación.
La investigación sobre el polémico derribo de un palacete protegido en Getxo da un giro clave. El Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad ha sumado a la causa una prueba documental determinante: el Ayuntamiento rechazó la demolición de un edificio similar solo un mes antes, actuando de forma radicalmente opuesta a como lo hizo con el palacete.
La Ertzaintza, que lleva más de 18 meses analizando el caso, sostiene en un extenso atestado de más de mil páginas que el proceso para construir una promoción de 12 pisos estuvo «viciado» desde el inicio.
La omisión de un informe obligatorio
Según los agentes, la Junta de Gobierno local nunca debió conceder la licencia que permitió demoler la cubierta, el interior y una pared del palacete. El motivo principal es que se dio el visto bueno al expediente sin un «informe preceptivo y obligatorio» que reconociera el valor del inmueble como Bien Cultural de Protección Básica.
Para la policía vasca, esto no fue un descuido. Si ese documento se hubiera incluido, el Ayuntamiento habría estado obligado a tumbar la operación inmobiliaria.
‘La Aldea’: La prueba del doble rasero municipal
La nueva documentación incorporada al caso —facilitada por EH Bildu— desvela una polémica comparación entre dos actuaciones prácticamente simultáneas:
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El caso de ‘La Aldea’: Un mes antes del escándalo del palacete, el Ayuntamiento denegó la licencia de derribo de este edificio protegido. El caso terminó en los tribunales, donde la letrada municipal hizo una defensa férrea de la legalidad, argumentando que la ley de Patrimonio de 2019 impedía tirarlo. El juez le dio la razón al Consistorio y el propietario perdió.
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El caso del Palacete: Con este inmueble, los responsables municipales cambiaron de criterio, argumentando que sí se podía echar abajo «respetando unos condicionantes». Finalmente, el palacete fue demolido por completo en agosto de 2024 sin autorización municipal.
Concejales imputados y pisos de lujo
El ‘caso palacete’ cuenta ya con diez personas imputadas, entre ellas tres funcionarios y tres concejales.
La investigación mantiene el foco sobre dos ediles del PNV, Ignacio Uriarte e Irantzu Uriarte, quienes formaban parte del órgano de gobierno presidido por la alcaldesa Amaia Agirre. Aunque solo Irantzu votó el día que se concedió la licencia a la empresa Biurban, apenas cinco meses después ambos reservaron un bajo con jardín en la nueva promoción por 571.000 euros más IVA.
El juez analiza ahora este cruce de expedientes para esclarecer si se cometieron delitos de destrucción de patrimonio y prevaricación.
Fuente:Elcorreo.com
