La jueza ha citado a declarar a cuatro personas relacionadas con el proyecto, además de dos testigos clave.
El derribo del palacete Irurak Bat, una joya neoclásica del siglo XIX situada en Algorta, no fue solo una obra polémica: se convirtió en uno de los mayores terremotos políticos y urbanísticos de Getxo en los últimos años. Aquel verano de 2024, cuando las máquinas comenzaron a comerse las paredes del edificio protegido, nadie imaginaba que el asunto seguiría coleando más de un año después. Es ahora, cuando el juzgado ha reactivado la investigación y el caso vuelve a ocupar titulares.
Los inicios del problema
Todo empezó cuando se supo que la cooperativa promotora había iniciado los trabajos sin contar con la licencia adecuada. Faltaba el acta de replanteo, imprescindible para arrancar cualquier obra de este calibre, y además se vulneraban las condiciones de conservación que el Ayuntamiento había exigido. Lo que debía ser una rehabilitación parcial se convirtió en un derribo casi total de un inmueble catalogado como bien de interés cºultural. Y eso, en Getxo, no pasa desapercibido.
La tensión subió varios grados cuando salió a la luz que dos concejales del PNV, Ignacio e Irantzu Uriarte, formaban parte de la cooperativa que impulsaba el proyecto. No solo eso: habían reservado uno de los pisos futuros y uno de ellos ni siquiera lo había reflejado en su declaración de bienes. Este detalle encendió todas las alarmas. ¿Había trato de favor? ¿Se aceleraron los plazos para llegar antes del nuevo PGOU que dificultaría cualquier derribo? La oposición llevó el asunto a plenos y comisiones, y el gobierno local vivió hasta tres crisis internas por el escándalo.
La Ertzaintza, en un informe de casi 200 páginas, ha puesto el foco en varios puntos delicados: un cambio de criterio técnico dentro del Ayuntamiento, contactos previos entre la promotora y personal municipal y un trámite sospechosamente rápido que permitió obtener la licencia justo antes de que el nuevo planeamiento urbanístico endureciera las normas de protección. El ahorro económico también pesa: según un informe municipal, rehabilitar el palacete habría costado 3,2 millones, mientras que tirarlo y levantar uno nuevo se quedaba en 2,5 millones. Un ahorro de 730.000 euros que ahora forma parte central de la causa.
La causa se judicializa
La jueza ha citado a declarar a cuatro personas relacionadas con el proyecto, además de dos testigos clave. Quiere aclarar si hubo delito contra el patrimonio histórico y si las decisiones municipales se tomaron “a sabiendas” de que no eran ajustadas a derecho. El caso está lejos de cerrarse y mantiene en vilo a vecinos, técnicos y al propio Ayuntamiento.
Más allá del ruido político, este episodio deja una lección clara: el patrimonio importa, y su gestión condiciona la confianza en el urbanismo de un municipio tan relevante como Getxo.
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Fuente: Elcorreo.com
