El retraso de 24 informes de varias instituciones parece que está frenando la aprobación definitiva del PGOU de Getxo.
La aprobación del futuro PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Getxo, que contempla la construcción de 4.601 nuevas viviendas, la mayoría en la parte baja del barrio de Andra Mari y enfrenta aproximadamente 2.000 alegaciones, genera una preocupación considerable. Te contamos todos los detalles en este artículo.
Este tema se convierte recurrentemente en objeto de debate político cada mes. Desde el departamento de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística de Getxo, explican que están progresivamente recibiendo los informes sectoriales de otras instituciones que deben respaldar los cambios propuestos. Se requieren un total de 87 informes, de los cuales todavía faltan por recibir veinticuatro, siendo catorce de ellos esenciales para la aprobación final.
Las páginas del calendario avanzan rápidamente: ya estamos en abril y la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana debe concretarse antes de octubre. De lo contrario, el Consistorio se verá obligado a levantar la suspensión de las licencias urbanísticas, reiniciar la tramitación desde cero y mientras tanto regresar al antiguo PGOU, lo que implicará inevitablemente retrasos en los proyectos asociados.
Los responsables municipales están decididos a ser «muy garantistas» con toda la documentación para prevenir futuros contratiempos. Son conscientes del rechazo y crítica que ha suscitado su propuesta entre algunos vecinos, quienes están dispuestos a recurrir a los tribunales. Por lo tanto, no quieren que el trabajo realizado hasta ahora sea en vano.
La variedad de informes pendientes, provenientes de diversas instituciones, genera aún más inquietud. Además, el Ayuntamiento de Getxo está a la espera de respuestas de ETS, Ayuntamientos limítrofes como el de Leioa, el departamento agroforestal del Gobierno vasco, así como de la Diputación y el Gobierno vasco.
¿Hay dificultades para reunirse?
Álvaro González, responsable del Ayuntamiento, destaca que «muchos municipios han visto rechazados sus PGOU, como en el caso de Hondarribia por falta de informe agroforestal».
Al ser consultado nuevamente sobre cuándo el Consistorio responderá a las alegaciones y si tiene previsto organizar reuniones, González destaca que no se reunirá con los afectados individualmente para evitar generar «discriminaciones». En cambio, asegura que todas las respuestas se proporcionarán simultáneamente en la aprobación provisional, permitiendo a cada parte su tiempo adecuado.
La contratación del equipo redactor del documento ha implicado un coste de 1 millón de euros. Además, hay dos juristas, dos arquitectos, una arquitecta especializada en cuestiones de género y un equipo ambientalista trabajando externamente en este proyecto. También colaboran delineantes y economistas, junto con dos juristas y dos arquitectas municipales.
Fuente: Elcorreo.com
